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domingo, 31 de julio de 2011

Val, nieta enchufada en Cangas.


Hoy se le acaba la semana de vacaciones en exclusividad con sus abuelos a Val. Vendrá para su casa no sin muchos recuerdos guardados en la cajita de su corazón, recuerdos que hacen a uno muy rico. Tiernos recuerdos, gratuitos y nacidos del amor que son: Para toda la vida.
Gracias abuelos!!!!!

sábado, 30 de julio de 2011

La crisis, necesidad de eficiencia en la función pública y la igualdad de trato entre trabajadores


CRISIS DE DEUDA El FMI reclama a España que suba impuestos y recorte más el gasto.

Advierte de que la masa salarial de los funcionarios aún es muy elevada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que el recorte de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la subida de la edad de jubilación, el abaratamiento del despido y las fusiones forzadas de bancos y cajas, no son suficientes para garantizar que la economía española vuelva a la senda del crecimiento, la estabilidad y el empleo. Por eso, reclama reformas «más audaces» que las ejecutadas en los últimos catorce meses por el Gobierno, al que reclama que vigile más de cerca el agujero fiscal de las comunidades autónomas, y que haga previsiones económicas menos optimistas y más ajustadas a la realidad.

En su informe anual sobre la economía española, publicado ayer, el FMI advierte de que esta enfrenta todavía «importantes riesgos de deterioro», vinculados sobre todo a la crisis de deuda de la eurozona, y que la recuperación será todavía «modesta», lo que pone en peligro los objetivos de reducción del déficit público, de creación de empleo y de crecimiento económico (el FMI calcula que el PIB no aumentará este año más de un 0,8 %, frente al 1,3 % que prevé el Ejecutivo).

Función pública

Entre las reformas adicionales que España necesita, el Fondo cita una reducción más drástica del gasto público («la masa salarial de la función pública todavía está por encima de la media»); un mayor recorte de las inversiones estatales y un aumento de los tipos del IVA («todavía relativamente bajos») y de los impuestos especiales sobre los carburantes.

«El país ha acumulado desequilibrios durante muchos años, y llevará años corregirlos», aseguró ayer James Daniel, jefe de la misión del Fondo en España, quien alertó de que parte de los problemas se deben a que la mitad de los Gobiernos autonómicos no han cumplido «sus metas de déficit». «España ha delegado un alto grado de autoridad a los Gobiernos regionales, y muchas decisiones de gasto se toman a nivel local y regional, incluidas las relativas a la salud y la educación», que figuran entre las más onerosas.



miércoles, 27 de julio de 2011

AGUA Y JABÓN EN LAS AXILAS ANTES DE ACOSTARSE

Cuelgo un mensaje que me envía una querida amiga, Leonor. A mi entender está muy bien explicado y seguiré sus consejos.
Lo que no puedo entender es el porqué las autoridades sanitarias consienten la comercialización de anti-transpirantes de ser dañinos para la salud ni que ante el insistente mensaje que yo ya había leído en otras ocasiones, no haya visto en cambio ningún pronunciamiento sobre el mismo por parte de las Organizaciones que velan por nuestra salud.

Igualmente, tampoco entiendo porqué la carrera de medicina necesita unas notas tan altas para su acceso en España, o porqué no se enseñan principios de medicina en la educación obligatoria y superior, siendo la salud un especial bien a proteger. Todo ello, al objeto de despertar intelectos dormidos, o bien despiertos para el caso de las notas altas en el acceso, que nos serían, sin lugar a dudas, de gran utilidad.

Es exigible a los poderes públicos una buena información, pero ahí quedan los paradigmas de la organización del ser humano que aún siendo paciente, no sé si llegaré algún día a comprender.

Conclusión: La mejor prevención es una buena información, esto nos lo dice la era de la razón, emoción y sentimiento.

Debemos pasar la noche con la axila limpia y sin desodorante, para que sea un momento de respiración libre de la axila.

Hace un tiempo, fui a un seminario, sobre Cáncer de Seno, conducido por Terry Birk, con el apoyo de Dan Sullivan.

Durante los debates, pregunté por qué razón la zona más común para desarrollar tumores cancerígenos en el pecho es cerca de la axila.

Mi pregunta no pudo ser respondida en ese momento.

Esta información me fue enviada, recientemente, y me alegro que haya sido respondida.

Informé a una amiga que está recibiendo quimioterapia y ella comentó que ya tenía esta información, obtenida en un grupo de apoyo que frecuenta.

Ahora quiero compartir la información con ustedes.

!La principal causa del Cáncer de Seno es el uso de anti-transpirantes!

SI, ANTI-TRANSPIRANTES.

La mayoría de los productos en el mercado son una combinación de anti-transpirantes/desodorantes.

Miren bien las etiquetas!

DESODORANTE está bien, ANTI-TRANSPIRANTE, NO.

La concentración de toxinas provoca la

mutación de las células:

CÁNCER. He aquí la razón:

El cuerpo humano tiene apenas algunas áreas por donde puede eliminar las toxinas: atrás de las rodillas, atrás de las orejas, el área de las ingles y las axilas.

Las toxinas son eliminadas con la transpiración.

Los anti-transpirantes, como su nombre lo dice, evitan la transpiración; por tanto, inhiben al cuerpo de eliminar las toxinas a través de las axilas.

Estas toxinas no desaparecen por arte de magia.

Como no salen por el sudor, el organismo las deposita en las glándulas linfáticas que se encuentran debajo de los brazos.

La mayoría de los tumores cancerosos del pecho, ocurren en este cuadrante superior del área de los senos.

Precisamente donde se hallan las glándulas, En los hombres parece ocurrir en menor proporción, pero no están exentos de

desarrollas Cáncer de Seno por causa de los anti-transpirantes que usan, en vez de agua y jabón.

La diferencia está en el hecho de que cuando los hombres usan anti-transpirantes, no los aplican directamente sobre la piel; lo hacen en gran parte, en los pelos de las axilas.

Las mujeres que se aplican anti-transpirantes después de rasurar o depilar las axilas, aumentan el riesgo debido a minúsculas heridas e irritaciones de la piel, que hacen que los componentes químicos nocivos penetren más rápidamente en el organismo,

Por favor, pasen esta información a todas las personas...

El Cáncer de Seno se está volviendo tremendamente común y este aviso puede salvar algunas vidas.

Si, de alguna manera dudan de esta información, pueden hacer sus propias investigaciones.

Probablemente van a llegar a la misma conclusión.

FAVOR DIVULGAR A TOD@S LAS PERSONAS

QUE AMAS Y SON IMPORTANTES PARA TI...

martes, 26 de julio de 2011

Programa de cheque infantil

ORDE do 18 de xullo de 2011 pola que se regulan as axudas económicas para atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos adheridas ao Programa de cheque infantil e se procede á súa convocatoria.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 27.23.º, asígnalle á comunidade autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, inclúe no seu artigo 3, como un dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais, darlles protección e oportunidades sociais e educativas aos menores de idade.

Así mesmo, a Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da infancia e da adolescencia, establece no seu artigo 15.b) que a Xunta de Galicia promoverá os recursos destinados á atención á infancia, procurando que esta dispoña dos medios necesarios para o seu desenvolvemento integral.

O Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, no seu artigo 12 atribúe á Secretaría Xeral de Familia e Benestar, entre as súas funcións, a xestión das políticas autonómicas en materia de acción social de apoio á familia, segundo o disposto nas dúas leis anteriores.

Esta orde adáptase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE do 18 de novembro), así como ao seu regulamento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo (BOE do 25 de xullo) e, así mesmo, adáptase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ao Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta, en todo caso, os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade, non-discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos e os demais requisitos exixidos na Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.

As axudas que se establecen no articulado desta orde financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.312B.481.0 recollida na Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011. Dado que este programa se estende na súa execución a parte do ano 2012, trátase dun gasto plurianual, polo que o importe destinado ás axudas ascenderá á cantidade de 311.461 euros na anualidade de 2011 e de 1.193.409 euros na anualidade de 2012, correspondente ao curso 2011/2012.

Na súa virtude, en uso das facultades que teño atribuídas e para a debida aplicación dos créditos orzamentarios para o fin para o cal foron establecidos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto.

Esta orde ten por obxecto a regulación do proceso de concesión de axudas económicas e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para a atención de nenas/os de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos, que acudan a unha escola das adheridas ao Programa de cheque infantil.

Artigo 2. Tipo de axuda.

1. A axuda convocada consiste na provisión e cobertura total ou parcial do custo da praza adxudicada nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos ás persoas solicitantes con nenas/os entre 0 e 3 anos a cargo que desexen acollerse aos beneficios do Programa de cheque infantil.

2. A persoa beneficiaria participará, se é o caso, no pagamento da contía da praza segundo os prezos e tramos de renda fixados no Decreto 70/2002, do 28 de febreiro, polo que se aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia, ou norma que o substitúa.

A contía máxima subvencionable será a diferenza resultante entre o importe máximo por praza segundo a modalidade e a achega que, se é o caso, lle corresponda aboar á persoa beneficiaria.

3. Para os efectos desta axuda, establécese o custo máximo da praza segundo o horario e servizos nas seguintes contías:

a) Praza ofertada durante 8 horas diarias: 130 €/mes.

b) Praza ofertada durante 8 horas diarias con servizo de comedor: 215 €/mes.

c) Praza ofertada en horario de tarde: 90 €/mes, entendendo prazas con horario a partir das 15.00 horas durante catro horas máximo.

No custo máximo da praza exclúese o prezo de transporte, actividades extraescolares (as que teñan lugar fóra do horario lectivo e de carácter voluntario), material escolar, horas complementarias, matrículas e outros análogos, que deberán ser aboadas, cando proceda, pola persoa usuaria.

4. Como anexo I a esta orde especifícanse as achegas que corresponde aboar ás persoas beneficiarias, así como a contía máxima mensual da axuda por praza segundo a renda per cápita e circunstancias familiares. A unidade familiar aboará ao centro a achega que corresponda segundo o establecido no citado anexo I, ou, no caso de modificación dos prezos públicos, a contía que resulte de aplicar as tarifas vixentes a partir do 1 de setembro de 2011.

5. Para os efectos desta orde, considérase que as/os nenas/os con necesidades educativas especiais ocupan dúas prazas. Neste caso, a axuda que resulte segundo o establecido neste artigo incrementarase na contía correspondente ao custo da praza (130 euros/mes, 215 euros/mes ou 90 euros/mes segundo a modalidade de asistencia).

6. A dispoñibilidade horaria das prazas correspondentes á prestación do cheque infantil estará nas mesmas condicións que o resto de prazas que oferte o centro.

Artigo 3. Persoas beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as familias residentes na Comunidade Autónoma de Galicia que se atopen nos supostos seguintes:

1.1. Reserva de praza.

Co obxecto de lles dar continuidade ás prazas adxudicadas no curso 2010/2011, terán preferencia para a concesión das axudas previstas nesta orde as persoas con responsabilidade sobre nenas/os de 0 a 3 anos que no curso 2010/2011 tivesen recoñecida esta axuda. En todo caso, deberán cumprir os requisitos establecidos nesta orde para seren persoas beneficiarias e solicitar a reserva da praza adxudicada no ano anterior.

1.2. Novas solicitudes de praza.

Así mesmo, poderán ser beneficiarias do Programa de cheque infantil as persoas con responsabilidade sobre nenas/os de 0 a 3 anos:

a) Solicitantes de prazas, nas modalidades de asistencia e asistencia con comedor, en escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos e que non resultasen adxudicatarias/os dunha delas por falta de prazas dispoñibles. Consideraranse solicitantes sempre que exercesen a opción polo Programa de cheque infantil na solicitude da praza. Neste caso, estas persoas solicitantes en lista de espera non terán que presentar a solicitude da axuda regulada nesta orde.

b) Solicitantes residentes en localidades onde non existan escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos e que desexen obter praza nas modalidades de asistencia e asistencia con comedor, nalgún centro partícipe do programa existente no concello de residencia, noutro que sexa limítrofe ou ben no concello onde traballen as/os nais/pais ou titores legais.

c) Solicitantes de prazas en horario de tarde.

As persoas que se encontren nos supostos b) e c) anteriores, deberán presentar a solicitude e a documentación correspondente de acordo co establecido no artigo 6.2 desta orde.

2. Para os efectos desta orde, enténdese por escolas infantís 0-3 sostidas con fondos públicos: as escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia; as escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar; as escolas infantís 0-3 e puntos de atención á primeira infancia (PAI) dependentes das corporacións locais, e as escolas infantís 0-3 dependentes das entidades privadas de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para mantemento do centro.

3. As persoas beneficiarias só poderán recibir a axuda correspondente a unha das modalidades establecidas.

4. As escolas infantís sostidas con fondos públicos que teñan en lista de espera solicitantes que optasen polo Programa do cheque infantil, deberán remitila á xefatura territorial correspondente da Consellería de Traballo e Benestar xunto cunha certificación da puntuación acadada por cada epígrafe do baremo e a renda per cápita da unidade familiar, no prazo de dez días desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se no prazo establecido non se presentasen as listas de espera dos centros sostidos con fondos públicos, non se procederá á súa tramitación.

Artigo 4. Requisitos das persoas beneficiarias.

1. Para ser persoa beneficiaria das axudas, as/os solicitantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ter unha/un nena/o a cargo nacida/o con posterioridade a 31 de decembro de 2008.

b) Non dispoñer doutras axudas, para igual ou análoga finalidade, outorgadas por outros organismos ou institucións públicas.

c) Que a renda per cápita mensual da unidade familiar non supere os 1.000 euros.

2. As/os solicitantes que se encontren no suposto do artigo 3.1.2 deberán acreditar, ademais dos anteriores, os seguintes requisitos:

a) Ter cumpridos a/o nena/o a cargo 3 meses na data de ingreso.

b) Ter presentada a solicitude de praza e quedar na lista de espera para o ingreso nunha escola infantil 0-3 sostida con fondos públicos, no suposto do artigo 3.1.2.a).

c) Que existan prazas correspondentes ao grupo de idade da/do nena/o nos centros partícipes do programa no concello de residencia da persoa beneficiaria, noutro que sexa limítrofe ou ben no concello onde traballen as/os nais/pais ou titores legais.

Artigo 5. Renda per cápita mensual.

1. Para os efectos desta orde, enténdese por renda per cápita mensual o resultado de dividir polo número de persoas que compoñen a unidade familiar o cociente resultante de dividir por doce a suma dos ingresos totais da unidade familiar.

Para estes efectos, enténdese por unidade familiar a formada polas/polos nais/pais e fillas/os menores de dezaoito anos, ou fillos maiores de dezaoito anos cunha discapacidade superior ao 33 por cento. No caso de familias monoparentais, e para os efectos do cálculo da renda per cápita a que se refire o parágrafo anterior, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade familiar.

2. Para os efectos desta orde, teñen a consideración de ingresos a suma da base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Para as persoas non obrigadas a declarar, as bases impoñibles a que se fai referencia obteranse como resultado de aplicar aos datos existentes na Administración os criterios da lexislación do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Artigo 6. Solicitudes e documentación.

1. Reserva de praza.

Aquelas/es beneficiarias/os que no curso 2010/2011 gozasen da axuda do Programa de cheque infantil e continúen interesados na praza adxudicada no ano anterior, deberán presentar a solicitude simplificada que figura como anexo II a esta orde.

A esta solicitude xuntarase a documentación a que se refiren os puntos 6.2.d) e 6.2.e), así como a demais documentación no caso de se produciren cambios nas circunstancias familiares.

2. Novas solicitudes de praza.

No caso das/dos interesadas/os que se encontren no suposto do artigo 3.1.2.b), así como aquelas/es interesadas/os que soliciten prazas en horario de tarde artigo 3.1.2.c), as peticións de axuda presentaranse mediante solicitude segundo o modelo oficial (anexo III) subscrita polas/os nais/pais ou representantes legais das/os nenas/os, na cal se elixirá ata un máximo de cinco centros da lista de centros partícipes que figuran como anexo VIII a esta orde, e detallaranse por orde de preferencia. Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

a) Datos complementarios (anexo IV).

b) Fotocopia simple do documento nacional de identidade ou outro documento acreditativo da identidade das/dos nais/pais ou representantes legais, segundo proceda, só no caso de que non se autorice a Consellería de Traballo e Benestar para solicitar do ministerio correspondente os seus datos de conformidade co Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.

c) Fotocopia compulsada do libro de familia ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.

d) Declaración xurada de non percibir axudas, para igual ou análoga finalidade, outorgadas por outras administracións públicas ou, de ser o caso, relación das solicitadas (anexo V).

e) Xustificación de ingresos:

A presentación da solicitude comportará a autorización á xefatura territorial correspondente da Consellería de Traballo e Benestar para solicitar da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Consellería de Facenda os datos de carácter tributario necesarios para a determinación da renda da unidade familiar, tal e como se establece no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, todos os membros con ingresos que compoñen a unidade familiar deberán asinar o anexo VI desta orde. No caso de non prestar autorización deberán achegar, xunto coa solicitude, copia compulsada da declaración do IRPF ou certificado emitido pola Axencia Tributaria relativo ao ano 2009.

Cando se produzan causas sobrevidas que afecten os recursos da unidade familiar, poderán presentar outros documentos que acrediten oficialmente a situación económica.

f) No caso de nenas/os con necesidades educativas especiais: un informe do equipo de valoración e orientación das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.

g) Outros documentos, se procede, en que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo:

- Responsabilidades familiares, no caso de que existan membros que, non formando parte da unidade familiar, estean ao seu cargo.

- Certificado de discapacidade ou do grao e nivel de dependencia alegado polos membros da unidade familiar, só no caso de certificados que non sexan expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia.

- Certificado médico no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros da unidade familiar.

- Xustificante de ocupación ou de desemprego (últimas nóminas, vida laboral, certificación de empresa, último recibo do pago da cota á Seguridade Social no caso de traballadores autónomos ou certificación de ser demandante de emprego con efectos do día anterior ao comezo do prazo de presentación de solicitudes) da nai, pai, titora ou titor legal.

- Condición de familia monoparental, entendida como a constituída por a nai ou o pai co que conviva a/o filla/o e que constitúe o sustentador único da familia (acreditada mediante fotocopia compulsada do libro de familia, certificado de convivencia, sentenza de separación/divorcio, convenio regulador ou resolución xudicial sobre as medidas paterno-filiais).

- Ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parentais.

- Familia numerosa.

h) No caso de mulleres vítimas de violencia de xénero, acreditarase por medio de calquera dos seguintes documentos:

- Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola/o secretaria/o xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.

- Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

- Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou local.

- Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.

- Informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

- Informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

- Calquera outra forma establecida regulamentariamente.

i) De carecer de acreditación documental dalgunha das incidencias alegadas na letra g), poderase presentar informe dos servizos sociais do concello correspondente.

3. No caso de que a documentación resulte incompleta ou defectuosa, a xefatura territorial correspondente requirirá a/o solicitante para que, nun prazo de dez (10) días, achegue os documentos preceptivos ou emende os defectos observados, con indicación de que, se non o fixer así, de acordo co artigo 71.1.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se considerará que desistiu da súa petición, logo da resolución que se deberá ditar nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

Artigo 7. Lugar e prazo de presentación das solicitudes.

1. As solicitudes, xunto coa documentación requirida, dirixidas á xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar da provincia onde teña o seu domicilio a/o solicitante, presentaranse nos rexistros da Xunta de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo de presentación de solicitudes de reserva de praza, así como para as/os posibles beneficiarias/os do artigo 3.1.2.b) e 3.1.2.c), será dun mes desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

3. Con carácter excepcional, poderanse presentar solicitudes fóra do prazo ordinario establecido no punto 2 deste artigo, cando se produza algunha das circunstancias que se indican a seguir:

a) Nacemento da/do nena/o con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes.

b) Fillas/os de mulleres vítimas de violencia de xénero.

c) Cambio de concello de residencia da unidade familiar ou outras circunstancias que motivadamente aprecien as xefaturas territoriais correspondentes da Consellería de Traballo e Benestar.

As solicitudes presentadas fóra de prazo deberán ir acompañadas da xustificación acreditativa da circunstancia que as motiva. Así mesmo, estarán condicionadas á existencia de prazas dispoñibles para o grupo de idade da/o nena/o e de orzamento suficiente para esta finalidade.

4. No caso das/dos posibles beneficiarias/os do artigo 3.1.2.a) non será precisa a presentación de solicitudes, considerándose como interesadas/os desde o momento en que, formando parte das listas de espera definitivas en centros sostidos con fondos públicos, exercesen a opción polo Programa de cheque infantil.

Artigo 8. Tramitación e avaliación das solicitudes.

1. Os servizos de Familia e Menores das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar serán os órganos responsables da tramitación dos expedientes.

2. A avaliación das solicitudes será efectuada pola comisión de avaliación, que se constituirá en cada xefatura territorial.

3. A comisión de avaliación estará constituída polos seguintes membros:

- Presidencia: a/o xefa/e do Servizo de Familia e Menores, ou persoa que o substitúa.

- Vogais: tres persoas traballadoras da respectiva xefatura territorial, nomeadas pola/o xefa/e territorial competente na materia, unha das cales actuará como secretaria/o, cos seus respectivos suplentes.

A esta comisión poderá asistir tamén, con voz pero sen voto, unha/un representante da intervención competente.

Artigo 9. Criterios de valoración das solicitudes.

1. As comisións de avaliación, tendo en conta o orzamento asignado para este programa e a dispoñibilidade de prazas nos centros partícipes, elaborará a relación priorizada de persoas beneficiarias segundo os seguintes criterios:

a) Persoas beneficiarias que no ano anterior gozasen desta axuda e pola súa vez optasen por reservar a praza adxudicada no curso 2010/2011. Naqueles casos en que non fose posible adxudicarlles a mesma praza, adxudicaráselles outra de similares características no mesmo centro ou noutro, o mais próximo ao da praza do curso 2010/2011.

b) Peticións de nenas/os con irmá/n -ás/ns con praza adxudicada (renovada ou de novo ingreso) para o curso 2011/2012 e opten polo mesmo centro.

c) O resto das peticións que reúnan os requisitos sinalados no artigo 4 seleccionaranse de acordo co baremo que figura como anexo VII a esta orde.

Unha vez avaliadas as solicitudes, as comisións territoriais de avaliación emitirán informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada.

O Servizo de Familia e Menores elevará o informe, xunto coas propostas de resolución, ao órgano competente para a súa resolución, propoñendo a concesión ou denegación das axudas.

Inmediatamente antes de redactar a proposta de resolución, cando no procedemento se teñan en conta feitos, alegacións ou probas distintas das aducidas pola/o interesada/o, poráselle de manifesto para que no prazo de dez días alegue ou presente os documentos e xustificación que coide pertinentes, de acordo co disposto no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Na proposta de resolución figurarán por separado a relación de beneficiarias/os que reservan a praza adxudicada no ano anterior e as/os novas/os beneficiarias/os, indicando se se dan as circunstancias da letra b) do punto 1 deste artigo. Esta relación de persoas beneficiarias deberá indicar a correspondente puntuación e a asignación do centro en que se lles adxudica unha das prazas do Programa de cheque infantil, con especificación, se é o caso, da axuda e da achega que lle corresponda. Na relación de persoas beneficiarias que reservan a praza non figurará a puntuación. No caso de que a demanda de axudas superase a oferta dispoñible, elaborarase unha lista de espera coa puntuación obtida en aplicación do baremo por cada unha delas.

A/o solicitante que rexeite unha praza adxudicada polo procedemento establecido nesta orde, quedará excluído da lista de espera a que se refire o parágrafo anterior.

3. Con posterioridade á primeira comisión de avaliación de axudas, a dita comisión poderase reunir tantas veces como sexa preciso ao longo do curso 2011/2012 para realizar novas propostas de adxudicación de prazas, sempre que exista dispoñibilidade orzamentaria e prazas ofertadas polos centros partícipes, e respectando a orde da lista de espera.

Artigo 10. Resolución.

1. Facendo uso das facultades conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a resolución das axudas, por proposta do Servizo de Familia e Menores, e despois da súa fiscalización pola Intervención, correspóndelles por delegación ás/aos xefas/es territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, que deberán resolver no prazo de quince días desde a data de elevación da proposta.

2. As/os xefas/es territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, á vista da proposta que lles foi elevada, ditarán a resolución pertinente, na cal se fixarán a praza correspondente nun centro partícipe e os termos da axuda, especificando, se é o caso, a parte de pagamento que lle corresponde á persoa beneficiaria. O seu contido seralles notificado ás/aos interesadas/os de acordo co establecido no artigo 58.2.º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. O prazo para resolver e notificar a resolución das axudas será de seis meses contados desde o día seguinte ao da data da publicación desta orde; transcorrido o dito prazo sen recaer resolución expresa, as solicitudes poderán entenderse desestimadas.

4. Notificada a resolución definitiva, as persoas beneficiarias do programa disporán dun prazo de dez (10) días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada, sen prexuízo do establecido no artigo 11.1.

5. As resolucións recaídas neste procedemento esgotan a vía administrativa, e contra elas pode interpoñerse recurso contencioso-administrativo, ante o órgano xurisdicional contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En caso de silencio administrativo, o prazo será de seis meses desde o día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada.

Potestativamente, e con anterioridade á interposición do referido recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición, ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. En caso de silencio administrativo, o prazo será de tres meses a partir do día seguinte a aquel en que a solicitude se entenda desestimada. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou por desestimación presunta o recurso de reposición.

6. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión.

Artigo 11. Procedemento de materialización da axuda.

1. No prazo de quince (15) días posteriores ao da notificación da resolución da axuda, a persoa beneficiaria deberá confirmar a praza no centro asignado; doutro xeito, considerarase decaída no seu dereito.

2. As persoas beneficiarias recibirán cheques infantís mensuais que entregarán ao centro partícipe xunto coa achega, se é o caso, nos dez primeiros días do mes das prestacións. O centro entregaralle á persoa beneficiaria o correspondente xustificante de pagamento e factura polo total do servizo, con especificación da achega que lle corresponde aboar.

3. Os cheques serán efectivos a partir da data que se fixe na resolución de concesión da axuda; esta data poderá ser anterior á data da resolución, sempre que a persoa beneficiaria comezase a gozar do servizo. En todo caso, o primeiro mes en que se realice a prestación as/os beneficiarias/os non recibirán o cheque infantil que lles puidese corresponder, senón que este será aboado de oficio pola Administración ao centro partícipe.

O prazo máximo que se lle concede á persoa beneficiaria para comezar a gozar do servizo é de quince días contados desde a data en que o cheque comeza a ser operativo, salvo prórroga excepcional proposta pola comisión de avaliación cando se acredite causa xustificada de demora.

4. Unha vez realizada a prestación do servizo, o centro enviará á xefatura territorial correspondente unha relación certificada das persoas beneficiarias segundo os servizos prestados, xunto cos cheques infantís correspondentes.

Os centros partícipes, antes de que se proceda á tramitación da fase de proposta de pagamento, terán que acreditar que están ao día das súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 12. Cambio de centro partícipe.

Durante o curso 2011/2012 as xefaturas territoriais, dentro do ámbito provincial, poderanlle autorizar á persoa beneficiaria o cambio de centro partícipe cando existan motivos excepcionais debidamente xustificados non previsibles no momento da solicitude. En todo caso, estas autorizacións estarán condicionadas á existencia de prazas dispoñibles para o grupo de idade da/o nena/o.

As solicitudes para cambio de centro partícipe dirixiranse á xefatura territorial que corresponda acompañadas da xustificación acreditativa da circunstancia que motiva o cambio.

Artigo 13. Baixas.

Serán causas de baixa no Programa de cheque infantil e na praza asignada no centro partícipe do dito programa algunha das circunstancias seguintes:

1. Non acudir ao centro asignado dentro dos quince (15) días seguintes ao da data que figura na resolución para ser efectivo o cheque, ou ben non poñerse en contacto co centro nese período.

2. A falta de asistencia continuada ao centro durante quince (15) días sen causa xustificada.

3. Incumprimento do deber establecido no artigo 11.2 respecto da entrega do cheque infantil ao centro, e pagamento, se é o caso, da achega correspondente.

Artigo 14. Obrigas das persoas beneficiarias.

As persoas beneficiarias destas axudas están obrigadas a observar o disposto no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e ademais, especificamente, a:

a) Facilitarlles aos órganos competentes toda a información necesaria para asegurar o cumprimento da finalidade da axuda concedida, particularmente a que sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

b) Destinar o cheque infantil á finalidade para a cal se concede.

c) Comunicar calquera alteración das condicións que motivaron o seu outorgamento.

Artigo 15. Reintegro.

Procederá o reintegro, total ou parcial, das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora correspondente desde o momento do pagamento da axuda ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nos seguintes casos:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou ocultando aquelas que o impedisen.

b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto ou non adopción do comportamento que fundamentan a concesión da subvención.

c) Incumprimento da obriga de xustificación ou xustificación insuficiente nos termos establecidos no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e, se é o caso, nas normas reguladoras da subvención.

d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas no punto 3 do artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación e control financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como o incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos, para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

f) Incumprimento das condicións impostas pola Administración ás entidades colaboradoras e aos beneficiarios, así como os compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

g) Incumprimento das condicións impostas pola Administración ás entidades colaboradoras e aos beneficiarios, así como os compromisos por estes asumidos, con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos, para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 107 a 109 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, dunha decisión da cal derive unha necesidade de reintegro.

i) Nos demais supostos previstos na normativa reguladora da subvención.

Disposición adicional primeira.

A concesión destas axudas terá como límite global as dispoñibilidades orzamentarias consignadas para esta finalidade e a dispoñibilidade de prazas nos centros adheridos ao programa nas localidades en que se solicitan.

Disposición adicional segunda.

Apróbase a delegación de competencias nas/nos xefas/es territoriais correspondentes da Consellería de Traballo e Benestar para resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias das subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar os gastos e ordenar os correspondentes pagamentos ao abeiro do establecido no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional terceira.

As persoas beneficiarias destas axudas quedan suxeitas ao réxime de infraccións e sancións previsto para esta materia no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposición adicional cuarta.

No caso de nenas/os con irmá/n, -ás/ns con praza reservada nun centro partícipe do Programa de cheque infantil e que resulten adxudicatarias/os dunha praza nunha escola infantil 0-3 dependente da Xunta de Galicia, se exercesen a opción establecida no artigo 3.1.2.a) para este programa, continuarase a tramitación do expediente de solicitude da axuda regulada nesta orde. De ter prioridade para obter a axuda do Programa de cheque infantil para o centro en que reserva praza a/o irmá/an, o Servizo de Familia e Menores, antes de elevar a proposta ao órgano competente para a súa resolución, daralle o dereito de opción á/ao beneficiaria/o por unha das dúas prazas.

Disposición adicional quinta.

As axudas concedidas ao abeiro desta orde non se publicarán por ser un dos supostos de excepción contidos no artigo 15.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 9.3 do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.

Disposición adicional sexta.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos recollidos nas solicitudes incorporaranse a un ficheiro baixo a responsabilidade da Consellería de Traballo e Benestar, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Poderán exercerse os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición, mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Familia e Benestar; edificio administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Disposición derradeira primeira.

Autorízase a secretaria xeral de Familia e Benestar para ditar as disposicións que sexan necesarias para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2011.

Beatriz Mato Otero

Conselleira de Traballo e Benestar

COMUNICADO - UNED - FALCULTAD DERECHO

CURSO 2010 - 2011

COMUNICADO REPRESENTANTE ALUMNOS
Comunidad: Alumnos de la Facultad de Derecho
Foro de discusión: Temas generales
Hilo: COMUNICADO: CONCESIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN OCTUBRE PARA LOS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN DERECHO PLAN 2000 QUE LES QUEDEN ASIGNATURAS

Estimados compañeros: soy Susana Ramírez Bello, representante de alumnos de la Facultad de Derecho de Madrid
OS COMUNICO QUE:

En la última Junta de Facultad se acordó conceder una convocatoria extraordinaria en el mes de OCTUBRE para todos los estudiantes de la licenciatura en Derecho Plan 2000 que les queden 2 asignaturas anuales o 4 semestrales para finalizar sus estudios. Este Acuerdo fue aprobado por la Comisión de Ordenación Académica de nuestra Universidad y ratificado por el Consejo de Gobierno.

La motivación de esta decisión es facilitar a nuestros estudiantes del último curso la posibilidad de colegiarse (fecha de entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Abogacía y a la Procura) evitando verse obligados a someterse a las condiciones y requisitos que impone la mencionada norma. Acción que han emprendido las Facultades de Derecho de nuestro país por recomendación de la Conferencia de Decanos/as.

En consecuencia el calendario que deberemos observar para cumplir el acuerdo de nuestra Junta de Facultad para la licenciatura de Derecho Plan 2000 es el siguiente:

- Realización de exámenes de esta convocatoria extraordinaria: 5, 6 y 7 de octubre

- Lugar de los exámenes: CENTRO “JACINTO VERDAGUER” C/ FUENTE DE LIMA, 22 (Parque Europa) MADRID
Metro: Aviación Española (L.10) Renfe Cercanías: Las Águilas (C.5) Bus: 34 y 39

Un cordial saludo y felíz verano.

Susana Ramírez.

domingo, 24 de julio de 2011

Receta vegetaria para CSC #7

La receta de la tía Rosi, residente en canarias y gallega de nacimiento:

BERENJENAS CON MOZZARELA, TOMATE Y NATA.

Cortas las berenjenas en láminas de dos o tres centímetros de espesor, a lo ancho. lavar, secar y espolvorearlas bien de sal por encima, dejar cinco minutos, quitarles la sal, volver a secar.
Rebozarlas con harina y huevo, freír.
En una bandeja para el horno ir poniendo capas, primero las berenjenas preparadas, luego la mozzarela por encima, encima un chorrito de nata líquida y otro de salsa de tomate, pueden hacerse las capas que se deseen.

Buen provecho.

GALICIA TERRA MEIGA

¡Tengo tanta suerte! Nací donde se dice QUE PASA OHH. Donde se COME EL MEJOR MARISCO Y donde se BEBE ALBARIÑO.... Donde hay bonitas playas,.... Donde no sabes qué es océano y qué es cielo... donde puedes ver el rayo verde... donde se respira alegría,.... donde el sol SALE CUANDO LE DA LA GANA., Donde nació la LIBERTAD, y donde la gente siempre es AMABLE!! Nací en GALICIA y soy GALLEG@ HASTA LA MÉDULA!! E onde se fala o galego!!! Miña terra galega... ven a verla...
GALICIA CALIDADE

jueves, 21 de julio de 2011

¿Qué es el patrimonio?

¿Qué es el patrimonio?


Podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa.

Los Bienes son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa. Por ejemplo, la maquinaria, el dinero que tenga en caja, las existencias de productos o los locales que posea.

Los Derechos permiten a la empresa ejercer una facultad. Por ejemplo, son derechos, los préstamos que tenga concedidos, o las cantidades adeudadas por sus clientes.

Las Obligaciones, por el contrario, representan responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa. Son ejemplos de obligaciones las deudas que tenga contraídas la empresa con los bancos, con sus trabajadores o con la Administración.

Denominaremos Patrimonio Neto de la empresa o Neto Patrimonial al resultado de practicar la siguiente operación:

Patrimonio Neto = Bienes + Derechos - Obligaciones.

Ejemplo: imaginemos que una empresa tiene:

- Dinero en caja y bancos 13.000 euros

- Edificios valorados en 450.000 euros

- Vehículos valorados en 110.000 euros

- Le deben sus clientes 33.000 euros

- A su vez él debe al banco un préstamo que pidió 28.000 euros

- Y también debe a sus proveedores 17.000 euros.

- Su patrimonio NETO en este caso es de (13.000 + 450.000 + 110.000 + 33.000) - (28.000+17.000) = 561.000 euros.

Desde el punto de vista contable todos los elementos patrimoniales pueden ser agrupados en tres grandes apartados que se denominan: Activo, Pasivo y Neto.

El Activo esta formado por los bienes y derechos de la empresa

El Pasivo exigible está formado por las obligaciones

El Patrimonio Neto está formado por el Activo menos el Pasivo.

A su vez el Pasivo más el Patrimonio Neto forman el conjunto del Pasivo de la empresa.

Esta situación se representa por medio de dos grandes masas patrimoniales.

ACTIVO = PASIVO

miércoles, 20 de julio de 2011

0.0 De pluralismo político

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La voluntad popular es instrumento fundamental para la participación política.
El Estado democrático tiene una doble vertiente. En primer lugar, el artículo 1.2 reconoce la soberanía nacional del pueblo español, principio elemental para sostener la convivencia democrática contenida en el preámbulo, y
fuente de la legitimidad democrática directa del poder legislativo.
En segundo lugar, para la consecución de una democracia liberal, se requiere un pluralismo político reflejado en los partidos políticos y sindicatos, cuyas estructuras internas y funcionamiento habrán de ser democráticos.

Un partido político es una asociación de individuos unidos por ideales comunes y que persiguen como meta alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos ideales.
Un sindicato es una organización integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, respecto al centro de producción (fábrica, taller, empresa) o al empleador con el que están relacionados contractualmente.

Partido Político: Si no tienes dinero no te afilian, te hacen simpatizante sin derecho a la participación interna.
Sindicatos: Si no tienes dinero no te afilian ni participas en su organización interna.
Sin embargo, por muy pobre que seas pagas impuestos indirectos hasta por una barra de pan, impuestos que se destinan a subvencionar estas organizaciones.

FOGASA

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha empezado a aplicar una de las medidas estrella de la Reforma Laboral, por la que resarcirá al empresario parte del importe de la indemnización que le corresponda legalmente al trabajador, en concreto ocho días de salario por año trabajado de los 20 establecidos en caso de despido objetivo. Esto significa que el coste para empresa será de 12 días (20-8 = 12).

Habrá que tener en cuenta que la empresa sólo podrá beneficiarse de la subvención en los casos de extinciones de contratos indefinidos celebrados a partir del 18 de junio de 2010, y siempre y cuando el trabajador haya estado contratado más de un año, lo que significa que los primeros despidos que tienen la subvención del FOGASA son los que se haya llevado o se lleven a cabo a partir de pasado 19 de junio.

Resolución de 3 de junio de 2011 del FOGASA (BOE 24-06-2011): INSTRUCCIÓN para la aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010 de reforma laboral (abono a las empresas de una parte de la indemnización cualquiera que sea su número de trabajadores. devengada como consecuencia de la extinción de los contratos indefinidos celebrados a partir del 18-06-2010 por las causas del art.51 o 52 del ET o art. 64 de la Ley 22/2003 - Concursal – 8 días de salario por año).

Resolución de 3 de junio de 2011 del FOGASA (BOE 24-06-2011): INSTRUCCIÓN sobre actuación en los casos de extinción de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en las empresas de menos de 25 trabajadores: la prestación del 40% no será de aplicación a los contratos indefinidos suscritos con posterioridad al 18-06-2010.

martes, 19 de julio de 2011

ANUNCIOS NOTIFICACIÓN DE COMPARECENCIA ANTE LA AEAT

Í N D I CE
DE LA ORDEN MINISTARIAL QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONE:

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Condiciones y garantías de publicación.
Artículo 3. Condiciones de acceso.
Artículo 4. Comparecencia electrónica.
Artículo 5. Contenido de los anuncios.
Artículo 6. Fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios.
Artículo 7. Acreditación de la publicación.
Disposición final única. Entrada en vigor: 19 de julio de 2011.

Orden EHA/1843/2011, de 30 de junio, por la que se regula la publicación de anuncios en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la notificación por comparecencia
(BOE 04-07-2011)

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que cuando no sea posible efectuar la notificación por causas no imputables a la Administración tributaria se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia.

La citación habrá de efectuarse mediante anuncios, que se publicarán por una sola vez para cada interesado, en los que se indique someramente el contenido del acto pendiente de notificar y el lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establece, para conocimiento del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, produciéndose entonces la notificación propiamente dicha.

El artículo 45 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, da nueva redacción al artículo 112 de la Ley General Tributaria estableciendo la posibilidad de utilizar como medios alternativos de publicación, a los solos efectos de los anuncios de citación para comparecer y sin afectar al régimen de notificaciones, la sede electrónica del organismo correspondiente y el «Boletín Oficial del Estado» o boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias.

Para la Agencia Estatal de Administración Tributaria contiene una regla especifica al prever que publicará en su sede electrónica los anuncios correspondientes a las notificaciones que deba practicar en ejercicio de las competencias que le corresponden en aplicación del sistema tributario estatal y aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene atribuida o encomendada. Esta publicación en sede electrónica tiene carácter sustitutivo de acuerdo con la posibilidad establecida por el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y el artículo 6.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007.

Establece el artículo 112.1 a) de la Ley General Tributaria que por Orden del Ministro de Economía y Hacienda se determinarán las condiciones, fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene por objeto regular la publicación de anuncios en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para citar al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia en los supuestos establecidos y con los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La publicación electrónica de anuncios en la sede de la Agencia tendrá carácter sustitutivo en los términos previstos en el artículo 112.1 a) de la Ley General Tributaria.

Artículo 2. Condiciones y garantías de publicación.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará sus anuncios en su sede electrónica principal, correspondiente a la dirección electrónica de referencia https://www.agenciatributaria.gob.es
2. El Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el ámbito de competencias y funciones que le corresponde, será responsable de:
a) Garantizar la autenticidad e integridad del contenido de los anuncios publicados.
b) Garantizar, mediante el empleo de los medios técnicos adecuados, la generación del código seguro de verificación u otro sistema de firma electrónica que asegure la integridad del anuncio publicado y del acuerdo de publicación adoptado por el titular del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 3. Condiciones de acceso.

1. El acceso a los anuncios publicados en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria estará disponible de forma libre y gratuita sin necesidad de utilizar ningún sistema de identificación y autenticación.
Se podrá acceder las veinticuatro horas del día, todos los días del año, salvo que resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria ofrecerá un sistema de búsqueda que permita a los destinatarios localizar las notificaciones pendientes que a ellos se refieran.
La consulta en cada uno de los anuncios publicados se realizará a través del NIF del destinatario.
La consulta por NIF a la relación de anuncios publicados en sede que pudieran afectar a un determinado destinatario requerirá la acreditación mediante el correspondiente DNI electrónico o certificado de firma electrónica válido.
3. Los ciudadanos podrán en todo momento recuperar y obtener por sí mismos y de forma directa copia impresa de aquellos anuncios que les interesen.
4. En las oficinas de información y atención al público de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se facilitará la mera consulta pública y gratuita de los anuncios publicados en su sede electrónica.

Artículo 4. Comparecencia electrónica.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria habilitará un enlace que permita a los interesados o sus representantes, titulares o destinatarios de una notificación pendiente, el acceso mediante DNI electrónico o certificado electrónico valido, al contenido de las actuaciones administrativas en su sede electrónica con los efectos propios de la notificación por comparecencia en los términos previstos en los artículos 35.1 c) y 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 5. Contenido de los anuncios.

Los anuncios publicados en sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria figurarán numerados de manera correlativa por años y tendrán el siguiente contenido:
a) Referencia a la concurrencia de los requisitos y circunstancias que, de conformidad con la ley, facultan a practicar la notificación por este medio.
b) Mención expresa al plazo para comparecer y de las consecuencias derivadas de la no comparecencia.
c) Información sobre la posibilidad que tienen los titulares o destinatarios de los actos pendientes de notificar de acceder, debidamente identificados mediante DNI electrónico o certificado electrónico valido, al contenido de los mismos a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con los efectos propios de la notificación por comparecencia.
d) Identificación del órgano que acuerda la publicación.
e) Para cada notificación pendiente que se incluya en el anuncio se consignará NIF, nombre o razón social del destinatario, procedimiento/concepto al que corresponde el acto pendiente de notificar, con identificación del expediente de notificación, órgano competente de su tramitación y oficina, con expresión de su domicilio, en la que efectuar la comparecencia.
f) En todo anuncio publicado se incluirá el código seguro de verificación que permita contrastar su autenticidad e integridad.


Artículo 6. Fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios.

1. Los martes y jueves de cada semana, incluidos los declarados festivos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará en su sede electrónica el anuncio para citar a los interesados o sus representantes a efectos de ser notificados por comparecencia en los procedimientos y por los órganos que en el propio anuncio se expliciten.
2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria mantendrá expuestos de forma destacada los anuncios en su sede electrónica durante un plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de su publicación, plazo en el que de conformidad con el artículo 112.2 de la Ley General Tributaria deberá producirse la comparecencia a efectos de notificación.
Transcurrido este plazo, los anuncios continuarán expuestos a los solos efectos informativos o de consulta.
Se eliminarán los anuncios publicados en sede electrónica siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la obligación de comparecencia en ellos establecida o cuando hayan prescrito los derechos correspondientes a la totalidad de los destinatarios y procedimientos que comprendan.
3. A efectos de cómputo de plazos la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá las medidas adecuadas que garanticen la constatación de la fecha y hora de publicación de los anuncios.

Artículo 7. Acreditación de la publicación.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria certificará la publicación de estos anuncios en su sede electrónica.
Estas certificaciones, que podrán generarse de manera automatizada, se autenticarán mediante código seguro de verificación y acreditarán la fecha y hora de publicación, identificando al destinatario, el procedimiento a que se refiera, el órgano competente de tramitación, el lugar y plazo de comparecencia y la fecha en que se ha producido la notificación en el caso de no comparecencia.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» siendo aplicable a los anuncios a publicar en el primer día de los señalados en el artículo 6.1 posterior a su entrada en vigor.

Madrid, 30 de junio de 2011.- La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado Méndez.


Cortesía: Juan Gómez.

lunes, 18 de julio de 2011

LEI 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

A convivencia nos centros docentes constitúe en todas as sociedades desenvolvidas un motivo de preocupación crecente, que non se circunscribe unicamente aos problemas que supón o mantemento da disciplina nas aulas, senón tamén ás relacións entre o propio alumnado, o que levou a tomar conciencia da gravidade que revisten fenómenos como o acoso escolar. Galicia non é allea a esta realidade, e o feito de que, con carácter xeral, a situación da convivencia nos centros docentes non alcance un nivel de deterioración grave non debería eximir os poderes públicos de adoptar as medidas necesarias para propiciar un ambiente educativo que faga posible o pleno cumprimento dos fins da educación. A preocupación polos fenómenos de mala convivencia e de acoso escolar nos últimos tempos comeza a ser, tristemente, unha nova cotiá. Do mesmo xeito, existe unha demanda latente por parte dos profesionais da educación de recoñecemento do seu labor e de dotación de ferramentas que permitan atallar dun xeito inmediato e eficaz as eventuais condutas que atenten contra o normal desenvolvemento da actividade docente.

Consciente de todo isto, a Comunidade Autónoma pretende a través desta lei crear e reforzar os instrumentos xurídicos que permitan acadar e manter un clima de convivencia de calidade e que, simultaneamente, dignifiquen a profesión docente. Neste sentido, a Comunidade Autónoma galega ten atribuída no artigo 31 do Estatuto de autonomía competencia plena sobre a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, consonte o punto 1 do artigo 81 dela, o desenvolvan, das facultades que atribúe ao Estado o número 30 do punto 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección necesaria para o seu cumprimento e garantía, polo cal lle corresponde a responsabilidade, no marco da lexislación estatal citada, de regular a convivencia nos centros docentes e entre todos os membros da comunidade educativa.

Esta lei parte da convicción de que sen un ambiente de convivencia nos centros educativos baseado no respecto mutuo non é posible dar cumprimento aos fins da educación nin permitir o aproveitamento óptimo dos recursos educativos que a sociedade pon á disposición do alumnado e, polo tanto, das familias. Para conseguir este obxectivo é necesaria a implicación de todos os membros da comunidade educativa -nais e pais, profesorado, persoal de administración e de servizos e alumnado-, así como da propia Administración educativa. A lei incide moi especialmente na corresponsabilidade das nais e pais ou titoras ou titores na devandita tarefa, e por iso vincula a regulación da convivencia nos centros docentes ao establecemento de canles para a participación directa daqueles no ensino e no propio proceso educativo. Así mesmo, pretende recoller as lexítimas aspiracións do profesorado de ver recoñecida debidamente a súa función pola sociedade e polos poderes públicos, de dispoñer das facultades necesarias para o mantemento da disciplina escolar e de recibir a protección xurídica necesaria para o exercicio das súas funcións.

II

A lei consta dun primeiro título no que se define o seu obxecto, ámbito de aplicación e principios informadores. De acordo co que se acaba de dicir, o obxecto desta lei vincula a regulación das normas básicas de convivencia nos centros docentes coa participación directa das familias no proceso educativo. O seu ámbito de aplicación esténdese a todos os centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. En canto aos principios informadores, diferéncianse os relativos ás normas sobre convivencia nos centros docentes dos relativos ás normas sobre participación directa das familias no proceso educativo.

O primeiro grupo de principios parte do obxectivo fundamental de garantir un ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da educación, e inclúe de xeito expreso a prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces, o recoñecemento ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións, e a corresponsabilidade das nais e pais ou titoras ou titores no mantemento da convivencia nos centros docentes, que se concibe como un dos principais deberes que a aqueles lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

O segundo grupo de principios aséntase na participación de todos os sectores afectados na programación xeral do ensino polos poderes públicos que garante o punto 5 do artigo 27 da Constitución española, e que ofrece unha base constitucional sólida e xuridicamente incontestable á regulación pola lei de procedementos de consulta e participación directa das familias no ensino. Estes procedementos en ningún caso substitúen as canles institucionalizadas de participación nel e no funcionamento e goberno dos centros docentes previstas na lexislación educativa vixente, senón que abren novas vías de participación directa á comunidade educativa e, en especial, ás nais e pais, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas, nas decisións da Administración educativa, respectando a autonomía dos centros para desenvolver a programación xeral do ensino e a liberdade docente e pedagóxica do profesorado. A iso súmaselle o obxectivo de mellorar a comunicación entre o profesorado e as nais e pais, co fin de facilitar a estes o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas.

III

O título segundo da lei ocúpase de definir os dereitos e deberes que, en relación co obxecto dela, corresponden aos distintos membros da comunidade educativa: nais e pais ou titoras ou titores, alumnado, profesorado e persoal de administración e de servizos. É preciso aclarar que en ningún caso se pretendeu formular unha enunciación completa dos dereitos e deberes de todos os membros da comunidade educativa, senón só destacar e, de ser o caso, desenvolver aqueles dereitos e deberes que maior relación gardan co obxecto da propia lei. Así mesmo, no caso das nais e pais ou titoras ou titores, engadíronse os dereitos especificamente relacionados coa finalidade da lei de posibilitar o establecemento de canles de participación directa no proceso educativo.

Mención á parte merece o elenco de dereitos e deberes do profesorado, no que se plasma a intención da lei de satisfacer as demandas deste sector no que se refire a recuperar consideración social, a gozar dunha protección xurídica integral no exercicio das súas funcións e a dispoñer das facultades precisas para o mantemento da disciplina escolar. Como contrapartida, e froito da convicción de que nunha comunidade como a educativa os dereitos implican tamén responsabilidades, recóllense os deberes correspondentes, que estenden ao profesorado as esixencias de respecto mutuo nun marco de convivencia e lle impoñen un exercicio responsable das facultades que se lle atribúen, así como dispoñibilidade, nos termos que a normativa aplicable estableza, para a atención ás nais e pais ou ás titoras ou titores do alumnado.

IV

A parte máis extensa da lei é o seu título terceiro, estruturado en tres capítulos, que establece as normas básicas de convivencia nos centros docentes. Nun primeiro capítulo deste título establécense as disposicións xerais na materia, que inclúen, en primeiro lugar, a delimitación do contido do plan de convivencia e das normas de convivencia cos que, segundo a vixente lexislación xeral educativa, deben contar todos os centros docentes. En particular, no artigo dedicado a este tema abórdase a cuestión, que deu lugar a importantes polémicas educativas, da regulación da vestimenta do alumnado, que se deixa á autonomía de cada centro en función da situación socioeducativa deste, pero coa fixación duns principios que deben servir de orientación e límite á hora de establecer esa regulación.

Neste capítulo recóllese tamén o recoñecemento ao profesorado da condición de autoridade pública, que produce dous efectos legais: a extensión a aquel da protección do ordenamento xurídico que corresponde a tal condición e a atribución de valor probatorio aos feitos que o profesorado constate no exercicio das súas funcións de corrección disciplinaria e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente. Así mesmo, atribúese ao profesorado a facultade de requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares. Desta forma, dótase o profesorado dun réxime xurídico que reforza a súa protección legal e lle proporciona as facultades necesarias para o mantemento da disciplina escolar.

Conscientes da extensión de parte das condutas reprobables fóra das aulas, a lei contén a previsión de que poden ser obxecto de corrección disciplinaria non só as condutas contrarias á convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar, senón tamén as levadas a cabo durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, incluída a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar, así como as que se producen fóra do recinto escolar noutras situacións, sempre que estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa, e mesmo se preocupa por estender o ámbito de aplicación a aquelas condutas realizadas nun contorno tecnolóxico que transcende o espazo físico. Isto permite dar resposta a preocupantes fenómenos como o acoso escolar, que non se desenvolven única nin fundamentalmente dentro dos centros docentes, aínda sendo clara a súa vinculación coa convivencia escolar.

Incorpórase ao texto legal a obriga do alumnado de reparar os danos materiais ou morais causados coas condutas contrarias á convivencia, obriga que debe entenderse como medida educativa no marco do proceso de formación integral do alumnado, polo que deixa a salvo o réxime de responsabilidade civil que poida derivar de tales condutas.

V

Xa no capítulo segundo deste título terceiro abórdase a tipificación das condutas contrarias á convivencia e das medidas correctoras destas, así como a regulación do procedemento para a súa aplicación.

En canto ás condutas contrarias á convivencia, a lei procura precisar e modernizar a tipificación das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, engadíndose ao elenco actualmente aplicable a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa, as actuacións que constitúan acoso escolar e portar calquera obxecto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa. Polo que se refire ás condutas leves contrarias á convivencia, a propia lei delimita algunhas delas que se aplicarán de xeito uniforme en todos os centros docentes, sen prexuízo da marxe que estes manteñen para a tipificación doutros supostos a través das súas propias normas de convivencia.

As medidas correctoras das condutas contrarias á convivencia apenas se modifican con respecto ao elenco actual, xa que a experiencia da súa aplicación práctica demostra que esa configuración é esencialmente acertada e operativa. No entanto, a lei inclúe tres novidades neste terreo. A primeira é a previsión, como complemento das devanditas medidas, da elaboración e do desenvolvemento polo departamento de orientación de cada centro docente de programas de habilidades sociais dirixidos ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente, e tamén a aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. A segunda consiste en establecer criterios específicos de graduación das medidas, que inclúen o recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos, a existencia de intencionalidade ou reiteración, a difusión por calquera medio da conduta, a natureza dos prexuízos causados e o carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se esta se trata dun alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia. Para rematar, fíxanse prazos de prescrición claros que superan a regra actual de que as medidas correctoras prescriben á finalización do curso escolar.

É no procedemento de aplicación das medidas correctoras onde máis profunda é a reforma que esta lei leva a cabo. Nela combínase o principio de que estas medidas teñen un carácter educativo que se frustra se non existe inmediatez entre a súa aplicación e a conduta que se pretende corrixir co imprescindible respecto dos dereitos e garantías de defensa do alumnado. Así, prevese, por unha banda, o procedemento aplicable no caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, que é un procedemento disciplinario con todas as garantías, aínda que caracterizado pola brevidade dos prazos e a axilidade da súa tramitación, o cal é acompañado dun sistema especial de reclamación en vía administrativa que substitúe os recursos administrativos ordinarios; por outra banda, regúlase a imposición das medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia, onde as formalidades se reducen considerablemente, aínda que se mantén en todo caso a garantía que supón a audiencia previa ao alumnado. Para rematar, de acordo coa idea inspiradora desta lei de que as nais e pais ou as titoras ou titores son corresponsables do mantemento da convivencia escolar, imponse a obrigatoriedade para estes da participación nos procedementos de corrección disciplinaria cando legalmente son convocados.

VI

O capítulo III do título III da lei contén unha novidade de gran calado: por primeira vez abórdase no plano lexislativo o tratamento das situacións de acoso escolar. Isto inclúe, para empezar, a definición destas situacións, que se leva a cabo de acordo cos criterios xeralmente admitidos pola comunidade pedagóxica e inclúe a problemática derivada do mal ou inadecuado uso das novas tecnoloxías, ás que esta lei quere prestar unha especial atención. En segundo lugar, conságranse os principios de protección integral das vítimas e de primacía do interese destas no tratamento do acoso escolar, dirixidos especificamente a superar a práctica segundo a cal a única solución que admiten estas situacións é o traslado de centro docente da vítima, mentres os acosadores ven triunfar, en certo xeito, a súa actitude antisocial e contraria á convivencia.

Finalmente, disponse a incorporación aos plans de convivencia dos centros docentes de protocolos para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar, que preverán a realización de campañas de sensibilización de todos os membros da comunidade educativa contra o acoso escolar, o establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización destas situacións polas vítimas e a determinación das medidas que se deben adoptar no caso de detección dunha situación de acoso escolar para poñerlle fin a esta. Entre esas medidas estará necesariamente a designación pola persoa titular da dirección do centro ou titular do centro concertado dunha persoa responsable da atención á vítima entre o persoal do propio centro docente, para garantir o dereito dela á protección integral que esta lei lle recoñece, sen prexuízo da intervención dunha mediación máis profesional no caso de que a situación presente unha gravidade especial.

VII

O cuarto e último título da lei aborda a regulación da participación directa das familias no ensino e no proceso educativo; desta forma desenvólvese mediante un instrumento específico o mandato establecido no artigo 118 da Lei orgánica de educación para facer efectiva a colaboración entre a familia e a escola. A lei incorpora deste xeito unha nova fórmula de participación que resulta respectuosa coas previsións, contidas na lexislación con rango de lei orgánica emanada do lexislador estatal, relativas á participación indirecta da comunidade educativa a través de representantes dos distintos colectivos nos consellos escolares de centros. Do mesmo xeito o presente texto é compatible e respectuoso coa participación indirecta que establece a Lei 3/1986, do 18 de decembro, de consellos escolares de Galicia, que se institucionaliza mediante órganos colexiados nos que participan os representantes das familias e dos restantes estamentos da comunidade educativa, Consello Escolar de Galicia e consellos escolares de centros. Como xa se adiantou ao citar os principios e fins inspiradores desta lei, neste título habilítase expresamente a Administración educativa para que poida establecer procedementos de consulta e participación directa das familias dirixidos a facer efectiva a súa implicación no proceso educativo, procedementos cuxos resultados poderán ter carácter meramente orientativo ou, cando así se considere, un maior grao de vinculación para a administración e os centros educativos, e que, en todo caso, contarán coas garantías para a súa correcta realización que resulten esixibles de acordo coa finalidade e co carácter deles.

Convén aclarar varios extremos en relación con estes procedementos, para evitar calquera interpretación equivocada do seu significado e alcance. En primeiro lugar, a súa implantación é potestativa para a Administración educativa. En segundo lugar, o seu obxecto son sempre aspectos concretos do ensino, o que deixa a salvo a autonomía dos centros educativos para desenvolver esa programación xeral e, por suposto, a liberdade docente e pedagóxica do profesorado. En terceiro lugar, a súa natureza xurídica non se pode equiparar á dun referendo nin á dunha simple enquisa de opinión, senón que é estritamente administrativa e procedemental; trátase dunha canle de participación directa dos cidadáns de acordo cos principios dunha administración democrática e participativa.

A participación directa concíbese, xa que logo, como un elemento de opinión e de guía que maximiza o acerto das decisións educativas que debe adoptar a administración, contando deste xeito cun maior consenso e configurándose como un elemento de valoración na formación da vontade da Administración educativa cando existen varias alternativas posibles para a adopción dun acto administrativo ou a xénese dunha norma que innove o ordenamento xurídico.

Este título intenta tamén mellorar a participación das nais e pais ou das titoras ou titores no proceso educativo por outra vía, a de garantir a dispoñibilidade tanto do profesorado en xeral como dos membros dos equipos directivos dos centros docentes para a atención ás nais e pais ou ás titoras ou titores do alumnado. Con iso non se pretende impoñer novas obrigas ao profesorado, senón dar resposta á demanda social de maior accesibilidade a el por parte das nais e pais ou das titoras ou titores, mediante unha distribución do horario semanal individual que coide de que as horas de atención ás nais e pais ou ás titoras ou titores de todo o profesorado, teña ou non a condición de titor ou membro dos equipos directivos, sexan razoablemente compatibles coas obrigas laborais e familiares dos primeiros.

VIII

Como disposicións adicionais inclúense algunhas medidas complementarias do resto das previsións desta lei. A primeira, recollendo de novo demandas do profesorado, contén un mandato á Administración educativa para que promova as medidas oportunas para garantir a adecuada protección e asistencia xurídica do profesorado dos centros docentes públicos, sen prexuízo do dereito do que xa gozan á representación e defensa en xuízo nos termos establecidos na normativa reguladora da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia. A segunda trata de fomentar a utilización xeneralizada nos centros docentes de medios electrónicos de comunicación coas nais e pais ou coas titoras ou titores do alumnado, no entendemento de que iso contribuirá a axilizar a comunicación entre ambas as partes e, por conseguinte, a mellorar a participación das nais e pais ou das titoras ou titores no proceso educativo dos seus fillos ou fillas. Para acabar, a terceira disposición adicional prevé a adecuación do réxime dos membros dos equipos directivos dos centros docentes ás funcións, tarefas e responsabilidades que derivan da aplicación desta lei, e accións formativas específicas para o profesorado, dirixidas a preparalo para o exercicio das facultades e o cumprimento dos deberes que, en relación coa convivencia escolar, lle corresponden de acordo co novo texto legal.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei a Lei de convivencia e participación da comunidade educativa.

TÍTULO I. Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto.
Esta lei ten por obxecto regular as normas básicas de convivencia nos centros docentes comprendidos no seu ámbito de aplicación e a participación directa das familias así como do resto da comunidade educativa no ensino e no proceso educativo, en exercicio das competencias sobre regulación e administración do ensino atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia no seu Estatuto de autonomía e en desenvolvemento da lexislación básica estatal sobre a materia.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
O disposto nesta lei é aplicable en todos os centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Fins e principios informadores das normas sobre convivencia nos centros docentes.
As normas sobre convivencia nos centros docentes establecidas nesta lei oriéntanse aos seguintes fins, que informarán a súa interpretación e aplicación:

a) A garantía dun ambiente educativo de respecto mutuo que faga posible o cumprimento dos fins da educación e que permita facer efectivo o dereito e o deber de aproveitar de xeito óptimo os recursos que a sociedade pon á disposición do alumnado no posto escolar.

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas.

c) A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces.

d) O recoñecemento ao profesorado, en especial aos membros dos equipos directivos dos centros docentes, das facultades precisas para previr e corrixir as condutas contrarias á convivencia, así como da protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e) A corresponsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores no mantemento da convivencia nos centros docentes, como un dos principais deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

f) Promover a resolución pacífica dos conflitos e fomentar valores, actitudes e prácticas que permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas, avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e a mellora da convivencia escolar.

g) Avanzar no respecto entre todos os membros da comunidade educativa e na mellora da convivencia escolar.

h) A promoción da sensibilización dos distintos sectores que interveñen na educación sobre a importancia da convivencia como parte fundamental para o desenvolvemento persoal e social do alumnado.

Artigo 4. Fins e principios informadores das normas sobre participación directa das familias no ensino e no proceso educativo.
As normas sobre participación directa das familias e, se é o caso, dos restantes membros da comunidade educativa no ensino e no proceso educativo establecidas nesta lei oriéntanse aos seguintes fins, que informarán a súa interpretación e aplicación:

a) A participación de todos os sectores afectados na programación xeral do ensino polos poderes públicos que garante o punto 5 do artigo 27 da Constitución española e o artigo 118 da Lei orgánica de educación.

b) A regulación de procedementos de consulta e participación directa das familias, e, de ser o caso, doutros colectivos da comunidade educativa, no ensino, complementarios das canles institucionalizadas de participación nel e no funcionamento e goberno dos centros docentes previstos na lexislación educativa.

c) A mellora da comunicación entre o profesorado e as nais e pais ou as titoras ou titores para facilitar a estes o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

TÍTULO II. Dereitos e deberes de convivencia e participación directa
Artigo 5. Disposición xeral.
No marco do establecido pola lexislación básica de educación, os membros da comunidade educativa son titulares dos dereitos e deberes de convivencia e participación que se regulan neste título.

Artigo 6. Dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores.
1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa.

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes.

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros docentes.

d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de participación directa que estableza a Administración educativa.

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes:

a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co profesorado e cos centros docentes.

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias.

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa.

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

Artigo 7. Dereitos e deberes do alumnado.
1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as situacións de acoso escolar.

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado:

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á educación.

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes membros da comunidade educativa.

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente.

e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia dos seus respectivos centros docentes.

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

Artigo 8. Dereitos e deberes do profesorado.
1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e da educación integral do alumnado.

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares.

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes.

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa convivencia e a mediación.

2. Son deberes do profesorado:

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos membros do equipo directivo do centro.

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a aqueles que lle impoña a normativa aplicable.

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

Artigo 9. Dereitos e deberes do persoal de administración e de servizos.
1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle os seguintes dereitos:

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións.

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa integridade física e moral.

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar.

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións.

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei.

2. Son deberes do persoal de administración e de servizos:

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar.

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado.

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito educativo das que teña coñecemento.

TÍTULO III. Normas básicas de convivencia nos centros docentes
CAPÍTULO I. Disposicións xerais
Artigo 10. Plan de convivencia e normas de convivencia.
1. O proxecto educativo de cada centro docente incluirá un plan de convivencia que recolla e desenvolva os fins e principios establecidos no artigo 3 desta lei e os regulados nas leis orgánicas sobre a materia. O devandito plan integrará o principio de igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, as directrices básicas de convivencia e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. O plan de convivencia será elaborado por unha comisión de convivencia, ou, cando esta non estea constituída, polo equipo directivo, e aprobado polo consello escolar do centro.

2. As normas de organización e funcionamento de cada centro docente incluirán as normas de convivencia que garantan o cumprimento do plan de convivencia. Estas normas serán públicas e os centros docentes facilitarán o seu coñecemento por parte de todos os membros da comunidade educativa.

3. En particular, as normas de convivencia de cada centro concretarán os dereitos e os deberes do alumnado e establecerán as condutas contrarias á convivencia e as correccións que correspondan ao seu incumprimento, no marco do disposto por este título e das disposicións regulamentarias que o desenvolvan.

4. Así mesmo, as normas de convivencia poderán conter previsións sobre a vestimenta ou o xeito de presentarse do alumnado, orientadas a garantir que este non atente contra a súa dignidade, non supoña unha discriminación por razón de sexo ou un risco para a súa saúde e integridade persoal e a dos demais membros da comunidade educativa ou non impida ou dificulte a normal participación do alumnado nas actividades docentes.

Artigo 11. Condición de autoridade pública do profesorado.
1. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición polo ordenamento xurídico.

2. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e que se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.

3. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén durante a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares.

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o porta for menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se for maior de 18 anos, unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder.

Artigo 12. Incumprimento das normas de convivencia.
1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares, así como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar.

2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en particular, as actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28.

As posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar considéranse incluídas no ámbito de aplicación desta lei.

Artigo 13. Responsabilidade e reparación de danos.
1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.

CAPÍTULO II. Condutas contrarias á convivencia e a súa corrección
SECCIÓN 1.ª Condutas contrarias á convivencia
Artigo 14. Clases de condutas contrarias á convivencia.
1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de acordo co establecido nesta sección.

2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares oportunas.

Artigo 15. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes:

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 desta lei.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos.

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se refire o punto terceiro do artigo 11 desta lei cando se é requirido para iso polo profesorado.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

Artigo 16. Condutas leves contrarias á convivencia.
Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo anterior.

c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade, nos termos establecidos polas normas de convivencia de cada centro docente.

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar activamente no desenvolvemento das clases.

e) As demais condutas que se tipifiquen como tales nas normas de convivencia de cada centro docente.

Artigo 17. Prescrición das condutas contrarias á convivencia.
1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao mes.

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a computar mentres aquela non cese.

3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento.

SECCIÓN 2.ª Medidas correctoras
Artigo 18. Principios xerais das medidas correctoras.
1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente.

2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os seguintes principios:

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes efectos, non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións previstas nesta sección que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro.

b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do alumnado.

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo.

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas necesarias.

Artigo 19. Programas e actuacións complementarias ás medidas correctoras.
1. Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o departamento de orientación de cada centro docente elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro.

2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr, conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións propostas.

3. Crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con vocación de substituír o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar o alumnado á súa propia aula no menor tempo posible.

Artigo 20. Procedementos conciliados de resolución dos conflitos.
1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a resolución dos conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus representantes legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos seus representantes legais, e esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras.

2. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa. O cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do procedemento de corrección da conduta contraria á norma de convivencia.

3. No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha persoa instrutora e dunha persoa mediadora.

4. O procedemento formalizado será o que determine o centro, coa aprobación do consello escolar, e que figurará no regulamento de réxime interno.

Artigo 21. Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser corrixidas coas seguintes medidas:

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

f) Cambio de centro.

Artigo 22. Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia.
As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas:

a) Amoestación privada ou por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados.

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro.

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un período de ata dúas semanas.

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

Artigo 23. Graduación das medidas correctoras.
Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios:

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos nos termos previstos polo artigo 13 desta lei.

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.

c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta, das súas imaxes ou da ofensa.

d) A natureza dos prexuízos causados.

e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia.

Artigo 24. Prescrición das medidas correctoras.
As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes previstas nesta sección prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición.

SECCIÓN 3.ª Procedemento para a imposición das medidas correctoras
Artigo 25. Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia.
1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste artigo.

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, ou logo da denuncia doutros membros da comunidade educativa.

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.

4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade.

5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o trámite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais, sen prexuízo do previsto no artigo 27 desta lei.

6. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos nos termos previstos polo artigo 13 desta lei.

7. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa.

8. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 26. Procedemento para a imposición de medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia.
1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa a cabo:

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 22 desta lei.

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 22 desta lei.

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa que exerza funcións equivalentes nos centros concertados, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do artigo 22 desta lei.

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h) do artigo 22 desta lei. A imposición destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da Convivencia Escolar do centro.

2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este artigo poñen fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas.

Artigo 27. Responsabilidade das nais e pais ou das titoras ou titores.
As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta sección son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os efectos da súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela.

CAPÍTULO III. Prevención e tratamento das situacións de acoso escolar
Artigo 28. Acoso escolar.
Para os efectos desta lei, considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar.

Artigo 29. Protección integral das vítimas.
1. A dirección dos centros docentes e os titulares dos centros concertados e dos centros privados, así como a Administración educativa, adoptarán as medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de situacións de acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade persoais e do seu dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre calquera outra consideración no tratamento destas situacións.

2. A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a ameaza, o control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan a continuación de eventuais condutas acosadoras.

Artigo 30. Medidas para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar.
1. O Goberno galego, a través dos departamentos competentes en materia educativa e benestar, elaborará un protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar, coa dotación orzamentaria necesaria para a súa implantación. Recollerase de xeito explícito a integración da perspectiva de xénero para poder previr eficazmente situacións de acoso das nenas e mozas.

2. O plan de convivencia de cada centro docente incluirá un protocolo para a prevención, detección e tratamento das situacións de acoso escolar, que incorporará, como mínimo, as seguintes previsións:

a) Realización de campañas de sensibilización do profesorado, das nais e pais ou das titoras ou titores e do alumnado contra o acoso escolar, que axuden a previlo e preparen a todos os membros da comunidade educativa para detectalo e reaccionar fronte a el.

b) Establecemento de canles específicas que faciliten a exteriorización polas vítimas das situacións de acoso escolar.

c) Determinación das medidas que se deben adoptar no caso de detección dunha situación de acoso escolar para poñerlle fin a esta, sen prexuízo das correccións disciplinarias que correspondan. En todo caso, preverase a designación pola persoa titular da dirección do centro ou titular do centro concertado dunha persoa responsable da atención á vítima entre o persoal do propio centro docente, procurando, cando sexa posible, que a designación recaia sobre unha persoa coa que a vítima garde unha relación de confianza ou proximidade.

d) Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecemento da mediación realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formación e cualificación para a intervención nestas situacións.

3. Cando por razón das circunstancias ou da gravidade da situación de acoso se faga preciso, poderase prever a intervención de persoas mediadoras alleas ao persoal do centro, que serán designadas pola Administración educativa.

4. As situacións de acoso escolar que se detecten serán comunicadas á inspección educativa, xunto coas medidas que se adopten para poñer fin a elas. No caso de condutas de especial gravidade, informarase da situación e das medidas aos servizos sociais do correspondente concello, aos servizos especializados do departamento competente en materia de benestar e, se é o caso, á Fiscalía de Menores para facilitar as medidas que lles corresponda adoptar nos seus respectivos ámbitos competenciais.

5. O departamento competente en materia educativa, en coordinación cos restantes departamentos da Xunta de Galicia, poñerá en marcha campañas de información e sensibilización para incentivar a cultura da paz e previr o acoso escolar. Igualmente a Xunta de Galicia velará para que nos medios de comunicación de Galicia se ofreza un tratamento axeitado das noticias sobre acoso escolar.

TÍTULO IV. Participación directa das familias e dos restantes membros da comunidade educativa no ensino e no proceso educativo
Artigo 31. Procedementos de consulta e participación directa no ensino.
1. Para facer efectiva a corresponsabilidade entre o profesorado e as familias na educación dos seus fillos e fillas e garantir a colaboración efectiva entre a familia e a escola, a Administración educativa poderá establecer procedementos de consulta e participación directa das familias. Estes procedementos poderán estenderse a outros membros da comunidade educativa.

2. Os procedementos previstos neste artigo terán como finalidade solicitar as preferencias individuais ou colectivas das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado, do propio alumnado se é maior de idade e, de ser o caso, doutros membros da comunidade educativa sobre aspectos determinados da programación xeral do ensino.

3. En ningún caso poderán ser obxecto de consulta os aspectos da programación xeral do ensino regulados directamente por normas con rango de lei ou que deban ser regulados pola lei por disposición constitucional.

Artigo 32. Principios xerais e garantías dos procedementos de consulta e participación directa.
1. Os procedementos de consulta e participación directa convocaranse por orde da persoa titular da consellería competente en materia de educación antes do inicio do curso escolar no que os resultados deles se terán en conta para a adopción das correspondentes decisións no ensino por parte da Administración educativa.

2. A orde de convocatoria deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia cunha antelación mínima de quince días con respecto á iniciación do procedemento e establecerá, como mínimo:

a) O carácter meramente orientativo ou o grao de vinculación que para a Administración educativa e os centros docentes terán os resultados do procedemento.

b) As garantías que procedan de acordo coa finalidade e co carácter do procedemento para asegurar a protección dos datos de carácter persoal dos participantes, a autenticidade das opinións individuais emitidas e dos resultados globais e a neutralidade da Administración educativa e dos centros docentes na adopción de decisións derivadas do procedemento.

c) O prazo de duración do procedemento, que non poderá ser inferior a un día natural nin superior ao período de matrícula que se estableza nas normas de admisión nos centros docentes.

3. Os procedementos de consulta e participación directa poderán realizarse mediante a utilización de medios electrónicos, ben nos propios centros docentes, ben telematicamente, respectando as garantías establecidas na lexislación sobre acceso electrónico da cidadanía aos servizos públicos e na de protección de datos.

Artigo 33. Acceso das nais e pais ou das titoras ou titores ao profesorado e aos equipos directivos dos centros docentes.
1. As disposicións que regulen a distribución do horario semanal individual do profesorado garantirán a dispoñibilidade deste, teña ou non a condición de titor, para a atención ás nais e pais ou ás titoras ou titores do alumnado.

2. Garantirase igualmente a dispoñibilidade dos membros dos equipos directivos dos centros docentes para a atención ás nais e pais ou ás titoras ou titores do alumnado.

3. Ao dar cumprimento ao previsto neste artigo, coidarase de xeito especial que as horas de atención ás nais e pais ou ás titoras ou titores sexan razoablemente compatibles, dentro do horario do centro, coas obrigas laborais e familiares destes.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
D.A. 1ª. Asistencia xurídica ao profesorado e ao persoal non docente que dependa da Administración educativa.
A Administración educativa promoverá as medidas oportunas para garantir a adecuada protección e asistencia xurídica do profesorado dos centros docentes públicos e do persoal non docente que dependa da Administración educativa, así como a cobertura da súa responsabilidade civil, en relación cos feitos que deriven do seu exercicio profesional e das funcións que realice dentro ou fóra do recinto escolar. En todo caso, o profesorado destes centros e o persoal non docente que dependa da Administración educativa gozarán do dereito á representación e defensa en xuízo nos termos establecidos na normativa reguladora da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

D.A. 2ª. Medios electrónicos de comunicación.
A Administración educativa fomentará a xeneralización nos centros docentes da utilización de medios electrónicos de comunicación coas nais e pais ou coas titoras ou titores do alumnado, co obxecto de axilizar a comunicación con estes e facilitarlles así o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

D.A. 3ª. Medidas complementarias.
1. As disposicións regulamentarias que desenvolven o réxime dos membros dos equipos directivos dos centros docentes garantirán a adecuación daquel ás funcións, tarefas e responsabilidades que para aqueles derivan da aplicación desta lei.

2. Os plans de formación do profesorado incluirán accións especificamente dirixidas a preparar a este para o exercicio das facultades e o cumprimento dos deberes que, en relación coa convivencia escolar, lle corresponden de acordo con esta lei.

D.A. 4ª. Centros privados sostidos con fondos públicos.
Nos centros privados sostidos con fondos públicos a aplicación desta lei axustarase ás peculiaridades da súa organización e funcionamento, respectando, en todo caso, as atribucións de competencias establecidas na lexislación vixente.

D.A. 5ª. Garda e acollemento.
As referencias desta lei ás nais, pais, titoras e titores entenderanse feitas ás persoas que posúen a garda ou o acollemento por resolución xudicial ou administrativa.

D.A. 6ª. Promoción da autonomía dos centros.
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria promoverá mediante o desenvolvemento de programas específicos a autonomía dos centros co fin de acadar os maiores éxitos na formación e cualificación do alumnado, contando coa implicación das familias e doutras institucións.

D.A. 7ª. Escolas de nais e pais.
A Administración educativa impulsará nos centros educativos a creación de escolas de nais e pais, contando cos recursos humanos dos departamentos de orientación e dos centros de formación, para fomentar a participación das familias no proceso educativo e mellorar a convivencia.

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
D.T. 1ª. Procedementos disciplinarios en tramitación.
Os procedementos disciplinarios que se atopen en tramitación no momento da entrada en vigor desta lei continuarán tramitándose conforme a normativa aplicable con anterioridade a ela.

D.T. 2ª. Normativa regulamentaria de desenvolvemento.
Mentres non entren en vigor as disposicións regulamentarias de desenvolvemento desta lei, seguirá sendo aplicable en materia de convivencia nos centros docentes o Real decreto 732/1995, do 5 de maio, sobre dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia, no que non resulte incompatible con esta lei. En todo caso, os prazos e o procedemento de corrección das condutas contrarias á convivencia adaptaranse ao previsto nesta lei.

DISPOSICIONS DEROGATORIAS
D.DDA. única. Derrogación normativa.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co disposto nesta lei.

DISPOSICIÓNS FINAIS
D.F. 1ª. Habilitación para o desenvolvemento regulamentario.
O Consello da Xunta de Galicia ditará as disposicións regulamentarias necesarias para o desenvolvemento e a aplicación desta lei.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta de xuño de dous mil once.

Alberto Núñez Feijóo Presidente